En los últimos días, una ola de dolor ha recorrido los pasillos de las cortes de inmigración, las calles de Nashville y las redes sociales del país. El miedo se ha instalado entre quienes llegaron a Estados Unidos con un sueño: construir una vida digna, trabajar, criar a sus hijos en paz. Lo que están viviendo miles de inmigrantes hoy no es otra cosa que una cacería.
Videos escalofriantes lo prueban. Una mujer encerrada en una jaula, como si fuera un animal, suplica entre lágrimas: “¡Tengo ansiedad! ¡Soy claustrofóbica! ¡Me da un ataque de pánico!” Su grito no fue escuchado. Otra madre es arrestada frente a su hija, que llora desconsoladamente. Una tercera implora: “¡No, por favor! ¡Mis hijos están en la escuela!” —mientras la esposan, sin derecho a explicarse, sin dignidad.
ICE ya no solo actúa en la frontera. Está presente en las propias cortes de inmigración, esperando a personas que acuden a sus citas legales para regularizar su estatus. Los agentes los arrestan al salir, como quien tiende una trampa. ¿Qué opción le queda al inmigrante? ¿Presentarse y perderlo todo o esconderse y ser declarado fugitivo?
Los arrestos ya no distinguen entre inocentes y culpables. La política actual está pagando justos por pecadores. Sí, es cierto: hubo una ola de criminalidad en ciertas fronteras durante la administración anterior, y se han detectado casos graves. Pero lo que se necesita no es más brutalidad, sino inteligencia e investigación. Lo que se necesita es justicia. El inmigrante que vive años aquí sin antecedentes, trabajando honradamente, merece protección, no persecución.
Hoy, la mano dura que sostiene este país está siendo encadenada. El inmigrante que cocina, que construye, que limpia hospitales, que cuida niños y ancianos… ese que aporta a la economía, que paga impuestos y no delinque, está siendo arrestado sin un debido proceso.
En Nashville, donde escribimos estas líneas, las calles se han vaciado. El terror es real. Aun así, voces valientes se alzan. El alcalde de nuestra ciudad ha mostrado su respaldo a la comunidad inmigrante, y por eso quieren acusarlo, desacreditarlo. Esto ya no es política, es represión.
Las familias están siendo separadas, madres de sus hijos, padres de sus hogares. Las lágrimas de los niños no bastan para detener los operativos.
Y lo más grave: ni siquiera se está respetando la ley. No hay garantías, no hay espacios para discutir el caso. Muchos son detenidos sin posibilidad de hablar con un abogado, sin saber sus derechos. Es un atropello que nos recuerda lo peor de los regímenes autoritarios del pasado.
R M
