NASHVILLE, TN – A partir del próximo 1 de julio de 2025, entra en vigor la nueva ley antimigrante en Tennessee que criminaliza ciertos actos de ayuda a personas inmigrantes sin estatus legal. La legislación, identificada como SB 392 / HB 0322, lleva por nombre completo “An Act to amend Tennessee Code Annotated, Title 39, relative to criminal offenses”, y ha encendido las alarmas entre comunidades latinas, organizaciones humanitarias y defensores de derechos civiles en todo el estado.
La ley establece que cualquier persona que transporte, albergue o ayude a ocultar a alguien que se encuentre ilegalmente en el país, con el conocimiento de su estatus y con la intención de impedir su detección por las autoridades, podría enfrentar cargos criminales severos. Estos delitos incluyen una felonía de Clase E, con penas de 1 a 6 años de prisión y multas que pueden superar los $3,000 dólares. En casos agravados —por ejemplo, si el inmigrante es menor de 13 años—, el delito puede escalar a una felonía de Clase A, con penas de hasta 60 años de cárcel y multas de hasta $50,000.
Además, la ley crea una ofensa menor (misdemeanor) por “harboring”, es decir, brindar refugio, alojamiento o encubrimiento a personas sin papeles, aun sin pago de por medio. Esta falta puede costar hasta $1,000 por cada persona.
Aunque el texto de la ley no especifica actividades como dar comida, brindar ayuda médica o conversar con personas indocumentadas, su redacción es lo suficientemente amplia como para que autoridades locales la interpreten de forma estricta. Por ello, muchos abogados han advertido que incluso actos humanitarios podrían ser malinterpretados como asistencia ilegal.
Un punto especialmente sensible es el posible impacto en ciudadanos estadounidenses naturalizados o nacidos en el país como hijos de inmigrantes. Aunque la ley no habla expresamente de consecuencias migratorias, los expertos advierten que una condena penal derivada de esta legislación podría usarse en procesos futuros para dañar la credibilidad, reputación o estatus migratorio de quienes obtuvieron su ciudadanía por naturalización.
En otras palabras: personas que, como muchos cubanos, se naturalizaron al cumplir cinco años de residencia legal, o nacieron en EE. UU. pero son hijos de padres inmigrantes, podrían enfrentar complicaciones legales o administrativas si son acusadas de violar esta ley. No se habla de pérdida automática de ciudadanía, pero sí de un riesgo real de procesos legales, revocación de beneficios o incluso intentos de desnaturalización en escenarios extremos.
En contraste, un ciudadano nacido en EE. UU. sin antecedentes migratorios difícilmente enfrentaría cuestionamientos sobre su estatus, aunque también podría ser sancionado con cárcel o multas. Esta diferencia ha llevado a muchos activistas a denunciar lo que consideran una ley dirigida indirectamente a intimidar, silenciar o desacreditar a latinos, inmigrantes naturalizados y sus descendientes.
Por ejemplo, una ciudadana estadounidense de origen latino que preste ayuda temporal a un familiar sin estatus migratorio —aunque sea por razones humanitarias— podría enfrentar consecuencias legales. Lo mismo podría suceder con un residente permanente que traslade a alguien sin documentos en su automóvil, si las autoridades consideran que hubo intención de ayudar a esa persona a evadir la ley.
Diversas organizaciones de Tennessee ya están preparando foros comunitarios y asesorías legales gratuitas para orientar a la población ante la entrada en vigor de esta ley. También se han pronunciado iglesias, grupos cívicos y colectivos estudiantiles preocupados por el impacto emocional y social que puede generar este nuevo marco legal.
En resumen, esta ley representa un cambio drástico en la relación entre ciudadanos comunes y comunidades inmigrantes, pues ahora lo que antes era visto como un acto de solidaridad o compasión, podría convertirse en una causa penal.
Quienes se preocupan por el rumbo de esta política migratoria advierten que podría sentar un precedente peligroso sobre la forma en que el Estado regula las relaciones humanas, familiares y sociales, especialmente en una sociedad diversa como la de Tennessee.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal. Para casos específicos, se recomienda consultar con un abogado especializado en derecho migratorio y penal.
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